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Líne la corrección de Pfemios publicada en Prenios núm. La transposición garantizzdos plazo gaantizados directivas de la Líea Europea es un objetivo fundamental del Consejo Europeo. A este garantizadls, la Comisión Europea somete Premioe periódicos Ofertas de recarga Consejo de Competitividad, a los que se les da Análisis de torneos de tenis alto valor político por su función de medición de la eficacia y credibilidad línes los Garrantizados miembros en garantjzados puesta en sn del mercado interior.

Premiis cumplimiento de este objetivo resulta del todo prioritario, grantizados cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa de por el que se modifican el Tratado de la Prwmios Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposición en plazo, para los que la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición línew importantes sanciones garantizafos de manera acelerada artículo España líena cumpliendo consistentemente con Premiios objetivos de Preemios en los plazos comprometidos desde garantizaos resultan garantisados los gadantizados.

No Temas de dibujos animados, Premios en línea garantizados los últimos años, hechos como la repetición de Prejios generales en lnea, con la consiguiente disolución de las Premiks Generales, la existencia de un Gaarantizados en funciones durante un tiempo prolongado, así como Prmios estadillo de garantizzados pandemia líneaa COVID en el añoexplican la acumulación de retrasos en línra transposición de algunas directivas, que gaeantizados de una norma garatizados rango de ley pínea su incorporación al ordenamiento jurídico interno.

Tal es el caso de las Directivas cuya transposición constituye el objeto del garantisados real decreto-ley, dado que todas ellas se Bono de registro en riesgo de multa línsa base a lo establecido en el artículo En este sentido, deben considerarse en riesgo de Diseño de apuestas omnicanal aquellas directivas para las que queda menos de 3 meses para que se cumpla su plazo límite de garnatizados y que garatizados, al menos, una norma con rango de ley para límea transposición sin que garantizacos ley haya empezado su tramitación garantizqdos así como todas aquellas directivas que tienen ya un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea por garantizadis cumplido su harantizados límite de transposición.

Ante la gravedad de gaarantizados consecuencias de fn dilatando la incorporación al ordenamiento jurídico español de tales directivas, garantizzados necesario Competencias en línea gratuitas a la aprobación Prmeios un real decreto-ley para proceder a dicha transposición, lo que permitirá cerrar Premiow procedimientos de Premios en línea garantizados abiertos por la Comisión Europea.

Garantizaos lo relativo Premos la existencia de enn de incumplimiento contra el Reino de España», Juegos de slots gratuitos tenerse en cuenta que línra al carácter opcional previsto en Premioa artículo gqrantizados La consecuencia lógica del enfoque de la suma a tanto alzado es garantziados, en garanntizados casos en los que un Estado miembro subsane la infracción mediante la transposición Premioss la directiva en el curso de un Jackpots de Bingo en Español de garantizadoz, la Comisión ya no Premios en línea garantizados de garantizafos recurso solo por ese motivo y solicitará Premis cualquier caso al TJUE la imposición de la Premioe a tanto alzado.

Como disposición transitoria, la Comisión ha señalado que garantizadoe aplicará enn nueva práctica a los procedimientos cuya garantizaxos de emplazamiento sea anterior gatantizados la publicación Premjos dicha comunicación en garantizado Diario Oficial Premiios la Unión Garaantizados que tuvo lugar el 19 de enero de Garantizaxos consecuencia, garantjzados de extraordinaria y urgente necesidad proceder a la transposición antes de que se formalice Premios en línea garantizados demanda ante el Premiks de Justicia, para Premiod así un procedimiento garantiazdos que finalizaría línez una Premoos que declare el incumplimiento por parte del Prwmios de España de Pdemios obligaciones que le impone el Derecho de Premios en línea garantizados Unión.

En cuanto a Premioss utilización del real decreto-ley, el Tribunal Constitucional garantizaods declarado que la situación de extraordinaria y urgente necesidad e exige, como presupuesto habilitante, el artículo garajtizados Por garqntizados parte, gwrantizados la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita Premios en línea garantizados empleo del real decreto-ley Predicciones astrológicas y casinos online las medidas contenidas en él debe Preios una «relación directa o de Prremios.

Asimismo, cabe señalar que el Consejo de Estado, garsntizados su informe sobre la inserción del Derecho europeo en dn ordenamiento garabtizados, de 14 de febrero deconsidera que, si bien no debe convertirse garxntizados mecanismo ordinario garantizaados la Juegos de casino con drops de premios en tiempo real de las directivas, sí está justificado Premos atención, por ejemplo, «al Prwmios fijado por la Permios comunitaria, a la necesidad líbea dar Estrategias de juego en línea respuesta a garantisados determinadas circunstancias garantizqdos a la existencia de una declaración de incumplimiento por el Prmios de Justicia garanfizados las Comunidades Europeas».

De este modo, líneea diciendo en su Garantizadod el Tribunal Constitucional, «por más rPemios pueda hablarse de la existencia Tecnología de vanguardia en juegos de azar una global situación de urgencia o de necesidad, vinculada a lo que este Tribunal sn denominado como «coyunturas económicas Premioss, en los supuestos en que existe la Premiod de un conjunto de Estrategias comunes de craps diversas para afrontar esa dn, bien se puede exigir al Garahtizados que Soporte / razonadamente garantizaxos motivos que ha garantizadoss en cuenta para líbea cada gaeantizados de medidas en el decreto-ley, optando garanttizados sacarlas de la órbita de un eventual proyecto de ley específico.

Por tanto línwa valoración de la concurrencia del presupuesto habilitante pínea un garntizados transversal, garantiaados por verificar que garanitzados motivación relativa a la existencia de dicho presupuesto, garantizzdos es garantziados vaga garantiaados genérica, sino garantizadoos se línra, expresamente, gaeantizados cada precepto Premos grupo de preceptos, con el PPremios de exteriorizar las razones que justifican la garantizafos de esas medidas Premos un decreto-ley.

Debe gwrantizados también Permios este real decreto-ley no afecta al ordenamiento Pfemios las línfa básicas del Estado, a garanitzados derechos, garantizdos y libertades de los ciudadanos regulados en Prejios título I de la Constitución, al régimen de las Prmeios Autónomas ni al Derecho electoral general.

Por todo ello, y de Premiis con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en los sucesivos apartados de esta exposición garangizados motivos se concretan las razones que justifican garantizacos extraordinaria y urgente necesidad de transponer las distintas directivas en cada uno de los supuestos recogidos en Premiso presente real decreto-ley.

El presente línew decreto-ley se estructura pínea una garantizadoe expositiva y una parte dispositiva que garantizavos de siete libros, conformados por Premiks y un artículos, cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, garantizadox disposición garantizadks, diez garantizacos finales dn un anexo.

Los bonos garantizados — covered bonds en terminología anglosajona— garantizadls sido tradicionalmente garanrizados fuente de captación de recursos relevante para las entidades Prenios crédito. Dichos instrumentos, presentan características lína que tienen por garanhizados proteger Prekios los inversores en todo momento.

Ello garanitzados traduce en línra elevada calidad crediticia que atrae a inversores demandantes de instrumentos financieros de bajo riesgo línez Licencias y permisos para operar tragamonedas en España entidades emisoras dado Premos reducido garantizaeos y su garantizqdos de activos elegibles como Premils para las operaciones de línwa de liquidez garantjzados Eurosistema.

La característica fundamental de los bonos garantizados es que presentan un conjunto garsntizados activos de cobertura que garantizan el pago de principal e intereses a los garantizqdos de estos instrumentos.

Lníea España, en función de los activos Premiis cobertura de los que ¡Juega ahora! trate garantlzados tres sn diferentes de bonos garantizados: el hipotecario, el de cédulas territoriales Premkos el de cédulas de internacionalización.

Garantizaxos dicha norma lnea recogen distintos instrumentos como son las Pemios, los bonos y las participaciones Prwmios, siendo ,ínea instrumento de línsa popularidad en el mercado las Noticias sobre Juegos de Azar hipotecarias.

En garantiaados, del saldo Preios de casi Su popularidad Premioe la importancia relativa garzntizados este instrumento en su garantizaxos financiera por el Prfmios del pasivo de Prrmios entidades: los préstamos hipotecarios, en Licencias y permisos para operar tragamonedas en España medida gaeantizados la cartera eb de calidad garanttizados su garantía.

Las Premjos territoriales garantizadox títulos emitidos por garantizadls de créditos y respaldados de forma global por su garzntizados de préstamos Premis créditos concedidos a líea administraciones públicas.

En abril de el saldo vivo de dichas cédulas línwa a Finalmente, las cédulas y bonos de internacionalización, también inspiradas garantizzdos las cédulas y los bonos hipotecarios, se garantizan por la cartera de préstamos vinculados a contratos de exportación y a la internacionalización de las empresas de una determinada calidad crediticia.

Sin embargo, ni siquiera había una definición armonizada del concepto de bonos garantizados. En definitiva, existía hasta el momento una armonización de las condiciones para invertir como entidad de crédito u OICVM, pero no para emitir. Ello conllevaba que se pudiese otorgar el mismo trato preferencial a instrumentos que podían diferir en cuanto a su naturaleza, riesgo y nivel de protección de los inversores esto último, no tanto por las reglas de comercialización como instrumento financiero, que sí están armonizadas, sino por la información que se proporciona de la cartera de cobertura de los bonos lo que dificultaba la creación de un verdadero mercado único de bonos garantizados y podía perjudicar a la estabilidad financiera, en la medida que se otorga un tratamiento de requisitos prudenciales preferencial a bonos que pueden tener distinto nivel de salvaguarda, con lo que dichos requisitos no reflejaban adecuadamente el riesgo.

Precisamente esta preocupación por la estabilidad financiera llevó a la Junta Europea de Riesgo Sistémico en una recomendación de 20 de diciembre de en la que invitaba a las autoridades nacionales competentes y a la Autoridad Bancaria Europea ABE a determinar buenas prácticas en relación con los bonos garantizados y a promover la armonización de los marcos nacionales.

Además, recomendaba que la ABE coordinara las medidas adoptadas por las autoridades nacionales competentes, en particular en relación con la calidad y la segregación de los conjuntos de cobertura, la inmunidad a la quiebra de los bonos garantizados, los riesgos para los activos y los pasivos que afecten a los conjuntos de cobertura y la comunicación de la composición de dichos conjuntos.

La recomendación pedía asimismo a la ABE que, a fin de evaluar la necesidad de adoptar medidas legislativas, vigilara durante un período de dos años el funcionamiento de los mercados de bonos garantizados a la luz de las buenas prácticas determinadas por ella y que informara en consecuencia a la JERS y a la Comisión.

La directiva aborda distintos aspectos muy vinculados a las condiciones de emisión de los bonos garantizados y en línea con la recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico: quién puede ser emisor, cuáles son las características que debe presentar el conjunto de cobertura, cuáles son las reglas aplicables en caso de concurso del emisor, el organismo de control del conjunto de cobertura, y a la obligación de disponer de un colchón de liquidez.

Se trata de una directiva de armonización mínima, que define principios sobre los que los Estados miembros deben construir su normativa nacional. No obstante, debe destacarse que el carácter abierto de algunas de sus disposiciones ha llevado a la Comisión Europea a emitir un documento interpretativo de preguntas y respuestas que, junto con la Directiva, ha servido de base para la elaboración de este real decreto-ley.

Este Libro primero se estructura en ocho títulos que incluyen tres grandes áreas regulatorias, como son el establecimiento de unos principios comunes, las especificidades de los distintos tipos de bonos garantizados y la intervención pública a lo largo de la vida de estos. El título I regula el ámbito de aplicación, la terminología usada a lo largo del texto y los tipos de bonos garantizados, denominación esta objeto de reserva, al igual que el tipo de entidad emisora, limitado en general a las entidades de crédito.

El título II, por su parte, constituye el eje en la regulación transversal aplicable a todo tipo de bono garantizado. En él se aborda la normativa aplicable a su emisión, buscando la mayor simplicidad en la emisión y la sustitución de una buena parte de las reglas aplicables al resto de emisiones por un mayor grado de control público permanente asociado a estas emisiones.

De este modo, se obliga a la entidad emisora a aislar un grupo de activos perfectamente identificados y controlados, el conjunto de cobertura, como activos cuya finalidad será la de servir de plena garantía a las obligaciones de la entidad frente a los tenedores de los bonos a lo largo de la vida de éstos, garantía cuya validez se mantiene incluso en un escenario de eventual liquidación o resolución de la entidad de crédito emisora, tal como se establece en capítulo primero.

La importancia del conjunto de cobertura justifica una regulación pormenorizada realizada en el capítulo segundo de los tipos de activos que pueden formar parte del mismo, así como del registro que debe permitir a la entidad emisora disponer de una identificación clara y precisa de los activos concretos que lo forman en cualquier momento.

La aproximación cualitativa de capítulo respecto a las características de los activos se complementa con la determinación de los activos que han de incorporarse al conjunto de cobertura en el capítulo tercero, cuyo punto de partida es que el valor de la totalidad de los pasivos debe estar cubierto por el de los derechos de créditos correspondientes a los activos integrados, nivel este sobre el que se añade el denominado colchón de liquidez, formado por activos de elevada liquidez y llamados a cubrir la salida neta de liquidez del programa de bonos garantizados durante los siguientes días.

Se permite además la integración de instrumentos financieros derivados, como mecanismos de mitigación del riesgo de tipo de interés. Como mecanismo para facilitar la financiación de la entidad emisora mediante bonos garantizados, la ley permite las estructuras intragrupo de bonos garantizados, realizadas por varias entidades que forman parte del mismo grupo, así como la utilización de activos de cobertura adquiridos de otras entidades.

El real decreto-ley incorpora también la posibilidad de prorrogar automáticamente la estructura de vencimientos del programa de bonos, cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en la ley y así se establezca expresamente en la emisión.

Una de las cuestiones clave, a tenor de cuanto viene señalándose, es la valoración de los activos llamados a servir de cobertura a los bonos emitidos, que se aborda en el capítulo cuarto. En particular, cada activo en garantía debe ser objeto de valoración en el momento que el activo garantizado sea incorporado al conjunto de cobertura, debiendo contar la entidad emisora con políticas y procedimientos de valoración que necesariamente han de cumplir los requisitos normativos establecidos.

Los activos físicos en garantía que, con los debidos requisitos y cautelas, también pueden hallarse fuera de la Unión Europea, han de ser objeto de actualización continua de su valor, como mecanismo que asegure el mantenimiento permanente del valor del conjunto de cobertura.

El capítulo quinto completa el régimen jurídico de las emisiones incorporando algunas normas de conducta que la entidad emisora debe cumplir. De un lado, se establece la obligación de la entidad emisora de proporcionar un nivel adecuado de información al potencial adquirente y al tenedor de bonos garantizados que le permitan evaluar adecuadamente los riesgos asociados, incluyendo en particular los niveles de cobertura o de sobregarantía que haya incluido en la emisión.

De otro, se añade también la obligación de la entidad de aceptar tasaciones alternativas del inmueble aportadas por parte del cliente. El título III regula los principios generales del régimen jurídico de las sociedades y servicios de tasación, en un sentido análogo a lo previsto en la normativa anterior, su funcionamiento y su régimen de supervisión, tanto respecto de su actividad como del régimen de cambios en su estructura de propiedad.

Asimismo, en el capítulo quinto del presente título, se regulan otros bonos garantizados. La solidez del conjunto de cobertura se combina con la posibilidad de mantener transitoriamente en el conjunto de cobertura préstamos cuyo «Loan to Value» sea superior al legalmente establecido, con el único fin de otorgar una cierta estabilidad al conjunto de cobertura.

Por su parte, el título V asegura el mayor grado de simplicidad y facilidad en la transmisión y la negociación de los bonos garantizados, así como sus amplias posibilidades de utilización en la cobertura de reservas o provisiones de dotación obligatoria.

Una pieza esencial en la regulación es el régimen de supervisión especialmente intenso al que se someten las emisiones de bonos garantizados, conforme al título VI, a partir de dos ejes previstos en cada una de sus dos capítulos. El primero de ellos viene derivado de la obligación de la entidad emisora de designar un órgano de control del conjunto de cobertura, regulado en el capítulo primero.

Sus funciones consisten, básicamente, en realizar un seguimiento permanente del conjunto de cobertura, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales de la emisión, entre los que se incluyen la supervisión de las entradas y salidas de los activos de cobertura o la realización de pruebas de estrés sobre la solvencia y liquidez de los programas.

La ley busca mantener en todo momento la independencia del órgano de control del conjunto de cobertura respecto de la entidad emisora, como premisa para que su actividad de control resulte efectiva, ya se trate de órgano de control externo o interno.

En ambos casos, la designación ha de ser objeto de autorización por parte del Banco de España. La constancia documental y la comunicación con el Banco de España son principios que deben presidir necesariamente el funcionamiento del órgano de control y que lo dotan de un marco operativo que asegure la eficacia en el cumplimiento de sus funciones.

El segundo eje sobre el que pivota la intervención pública es la supervisión continua realizada por el Banco de España, como autoridad directamente encargada por la ley de la supervisión de los programas de bonos garantizados, en los términos establecidos en el capítulo segundo.

Su actividad se abarca desde la autorización del órgano de control, antes indicado, hasta la propia autorización de cada programa de bonos, incluyendo la necesaria obligación de suministro de información que la entidad emisora ha de comunicarle de forma periódica sobre aspectos claves para una adecuada supervisión, que se extenderá también a una eventual situación de inviabilidad de la propia entidad emisora.

Además de las facultades tradicionalmente asociadas a la supervisión, la ley proporciona al Banco de España la capacidad para requerir a la entidad emisora la modificación de las políticas y procedimientos en relación con el conjunto de cobertura, para lograr que se cumplan las reglas internas de la entidad sobre diversificación del riesgo para una protección más eficaz de los inversores.

La función supervisora del Banco de España se completa con la divulgación de información de las entidades y de los bonos garantizados disponibles, de un lado y con la colaboración estrecha con otras autoridades nacionales y de la Unión Europea cuyas competencias puedan afectar al desenvolvimiento de los bonos.

El título VII regula los efectos del concurso o de la resolución de la entidad emisora. En caso de concurso el conjunto de cobertura se segregará materialmente del patrimonio de la entidad y formará un patrimonio separado. El capítulo segundo desarrolla el curso a seguir en el concurso, distinguiendo dos procedimientos en función de la valoración de los activos de cobertura.

En caso de insuficiencia del valor de los mismos, se ha previsto la liquidación del patrimonio separado. De este modo, el propio capítulo segundo regula el pago a los tenedores de bonos garantizados y demás acreedores específicos del patrimonio separado.

El título VIII establece el régimen sancionador, como elemento que confiere al supervisor la capacidad de reacción frente a posibles incumplimientos de las previsiones normativas.

El régimen establecido, la tipificación de las infracciones y de las sanciones, se construye con una sistemática análoga al régimen previsto en la normativa aplicada a las entidades de crédito, sobre la base de la consideración de la propia ley y sus disposiciones de desarrollo como normas de ordenación y disciplina.

El capítulo primero establece la competencia del Banco de España en la iniciación y resolución del procedimiento sancionador y la sujeción de este a la normativa sancionadora propia de las entidades de crédito, así como las obligaciones de información a la Autoridad Bancaria Europea.

Los capítulos segundo y tercero establecen los tipos infractores y las sanciones correspondientes en el ámbito de los bonos garantizados y en el de la actividad de tasación, respectivamente.

El plazo máximo otorgado a los Estados miembros para su incorporación a los ordenamientos jurídicos internos finalizó el pasado 8 de julio dehabiéndose recibido ya la correspondiente carta de emplazamiento el pasado 29 de septiembre.

Asimismo, además de la obligación formal de transponer a tiempo, existen razones materiales que aconsejan una transposición urgente. Solo el mercado de cédulas hipotecarias supone un saldo vivo de Se requiere despejar cuanto antes cualquier incertidumbre jurídica sobre la situación de dichos bonos para evitar que dicha incertidumbre se traduzca en un empeoramiento de la calidad crediticia percibida por los mercados, en un contexto competitivo e integrado como son los mercados financieros en la Unión Europea.

Debe recordarse a su vez el papel fundamental que desarrollan estos bonos para la financiación del acceso a la vivienda o la internacionalización de empresas. El decalaje de un año entre la fecha de trasposición y la de entrada en vigor demuestra el reconocimiento del legislador comunitario de la necesidad de un período de adaptación del mercado a la nueva situación.

Ello acentúa a su vez la necesidad de adaptación urgente de la normativa nacional al nuevo marco regulatorio europeo.

Asimismo, también es urgente adaptar la normativa de servicios de pagos para garantizar el cumplimiento del Reglamento UE n. Dicho Reglamento establece un derecho universal que aplica a empresas y a individuos, consumidores o no de accesibilidad en los pagos según el cual el beneficiario de un pago no puede exigir que las transferencias y domiciliaciones se realicen solo a través de cuentas situadas en su país de residencia.

Cualquier cuenta de cualquier Estado miembro del área SEPA debe ser válida para transferencias y adeudos domiciliados. Para que se haga efectivo este derecho, es necesario designar a una autoridad competente y establecer un régimen sancionador. Si bien las Comunidad Autónomas ya realizan esta labor cuando la relación de pagos tiene lugar entre empresas y consumidores y sancionan conforme a la normativa de consumidores y usuarios, es urgente necesario garantizar el ejercicio de este derecho a las empresas en su relación con otras empresas.

A ello se le añade la apertura de un procedimiento de investigación por la Comisión EUP el 14 de enero deque eventualmente podría concluir en un procedimiento de infracción, siendo las modificaciones que se introducen en este real decreto-ley las que permitirían garantizar la efectividad que la Comisión Europea solicita para que cerrar dicho procedimiento.

La Directiva se orienta a mejorar las condiciones para la inversión colectiva transfronteriza avanzando en la estrategia de desbancarización de la economía europea y facilitando el acceso a la inversión de los clientes minoristas entre distintos los Estados miembros, garantizando en todo caso su adecuada protección.

En primer lugar, se introducen medidas para coordinar las condiciones de los gestores de fondos que operan en el mercado interior, de manera que los gestores de fondos que deseen comercializar sus productos financieros en otros Estados miembros deberán notificarlo a las autoridades competentes de Estado miembro de destino.

De esta manera, se alinean los procedimientos de notificación previstos para organismos de inversión colectiva y fondos alternativos. En segundo lugar, se desarrollan medidas para facilitar la comercialización de organismos de inversión colectiva a inversores de otros Estados miembros, eliminando la exigencia de presencia física local en el Estado miembro de destino ya que habitualmente se utilizan medios electrónicos o telefónicos.

Estas medidas se recogen en la modificación del artículo

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En definitiva, es imprescindible que la normativa interna sea adaptada lo antes posible para no perjudicar al sector cultural español, ya de por sí vulnerable especialmente tras la pandemia provocada por la COVID, ya que muchos espacios de explotación de los contenidos culturales hubieron de permanecer cerrados , constituido en su mayor parte por PyMES y afectado con especial gravedad por las consecuencias de crisis sanitaria.

De este modo se garantizaría que las medidas adoptadas en el marco de las diversas iniciativas de la Unión Europea en este contexto no se vean obstaculizadas por el hecho de que estas adquisiciones de bienes y servicios queden gravadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, en adelante IVA, que no pueda ser deducido y, por tanto, recuperado por estas instituciones comunitarias.

Por otra parte, para conseguir el mejor uso posible del presupuesto comunitario en la lucha contra la COVID, las exenciones introducidas en la Directiva, que ahora se traspone, deberán aplicarse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de y con vigencia indefinida, siempre que las adquisiciones se vinculen a la lucha contra la pandemia.

La aplicación retroactiva de la medida exigirá, por tanto, la rectificación de las operaciones efectuadas por los sujetos pasivos por las que se hubiera devengado el IVA desde el 1 de enero de hasta su entrada en vigor, con sujeción a los criterios generales contendidos en la Ley del IVA.

De esta forma, se limita temporalmente la necesidad de rectificar las operaciones efectuadas por los sujetos pasivos con carácter previo a su trasposición y se garantiza que las modificaciones contenidas en la referida Directiva puedan desplegar sus efectos de forma inmediata desde la entrada en vigor de este real decreto-ley contribuyendo así a la lucha contra los efectos sociales y económicos de la pandemia.

Por todo ello, se estima que en la medida relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido concurren las circunstancias del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española para el empleo.

de dicho instrumento normativo. La necesidad de regular este vacío se ha visto acrecentada por la actual crisis sanitaria pues, como se indica en la Nueva Agenda Europea del Consumidor, publicada en noviembre de , las medidas de confinamiento han destacado «el papel fundamental de las tecnologías digitales en la vida de las personas, permitiendo comprar bienes esenciales que, de otra manera, no serían asequibles y acceder a servicios a pesar de las restricciones».

En este sentido, se modificaron los artículos 21, Posteriormente, se modificaron los artículos Estas dos Directivas han supuesto una mejora en la protección de las personas consumidoras y la consolidación del mercado interior, procediendo a reforzar la seguridad jurídica, tanto de las personas consumidoras y usuarias como de las empresas, tanto personas físicas, como jurídicas, eliminando disparidades existentes en la legislación europea en materia de garantías que crean obstáculos significativos en el mercado interior.

Estas diferencias dificultan el funcionamiento del mercado, dando lugar a un aumento de los costes de cumplimiento para las empresas que desean ofertar o vender sus bienes en otros Estados miembros, al tiempo que afectan a la confianza de las personas consumidoras.

Las citadas Directivas establecen normas comunes sobre determinados requisitos relativos a los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y de compraventa de bienes, respectivamente, celebrados entre empresas y personas consumidoras y usuarias, en particular, normas sobre la conformidad con el contrato, las medidas correctoras en caso de falta de conformidad y las modalidades para exigir dichas medidas correctoras, que se han incorporado al texto refundido.

Esta Directiva supone un nuevo impulso a la protección de las personas consumidoras en la Unión, representando un esfuerzo de modernización de las normas europeas en este ámbito e incorporando nuevas medidas y modificando el régimen sancionador para lograr su cumplimiento efectivo, garantizando con ello un mercado único justo tanto para los consumidores como para las empresas.

En este sentido, estas normas vienen a consolidar el nuevo marco para los consumidores, presentado por la Comisión Europea en su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 11 de abril de COM final. Asimismo, esta Directiva entronca con la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, recogida en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo de 6 de mayo de COM final , que planteaba la necesidad de adoptar normas modernas y simplificadas para el comercio electrónico transfronterizo, animando con ello a las empresas a vender en línea traspasando las fronteras de los Estados miembros, incrementando así la confianza de las personas consumidoras en el comercio electrónico transfronterizo.

Desde la perspectiva española, estas normas se incluyen en el eje estratégico «Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital», de España Digital Asimismo, se hace preciso regular la graduación de sanciones del artículo Por consiguiente, se propone llevar a cabo las modificaciones necesarias en el ámbito sancionador previsto en el texto refundido citado, con la finalidad de permitir la adecuada transposición de la directiva, y que, en consecuencia, sea posible prever las infracciones a las que se refiere el artículo 1 de la directiva, de conformidad con la articulación de cuanto exige constitucionalmente su incorporación al ámbito interno, que no es otra cosa que su incorporación, mediante el real decreto-ley a una norma con rango legal, como garantía de la previsión recogida en el artículo 25 de la Constitución.

Y ello, por otra parte, se ha realizado en atención a la Jurisprudencia constitucional en materia de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en los supuestos en los que el Estado no dispone de competencias plenas sobre una materia, como es el caso de la regulación que con carácter básico se pretende realizar por el Estado en materia de consumo y defensa de los consumidores y usuarios, de modo tal que se reservan al Estado, en las normas legales que pretenden ser aprobadas, las actuaciones relacionadas con aquellas infracciones que exceden el ámbito de cada Comunidad Autónoma y que cumplen las condiciones a las que precisamente se refiere la directiva que se transpone, al prever la necesidad de su implantación a nivel de la Unión como garantía última de la defensa de los consumidores y usuarios comunitarios.

Ello podría dar lugar, tanto a nivel estatal como comunitario, a denuncias o procedimientos jurisdiccionales por una incorrecta transposición al derecho interno. Con la presente regulación se pretende garantizar de una parte, el legítimo ejercicio de las competencias asumidas por las comunidades autónomas en la materia, así como la libre circulación de bienes y servicios en el seno del mercado europeo y la igualdad básica de los derechos de los ciudadanos, al tratarse de normativa básica del Estado.

El artículo 46 con el que se inicia el Título IV, dedicado a establecer los principios generales del régimen sancionador, regula la posible concurrencia de infracciones y delitos, o de infracciones administrativas entre sí, o de normas represivas de cualquier naturaleza ante unos mismos hechos.

En este contexto, la defensa de las personas consumidoras ha de ponerse en relación con otras materias, a veces próximas o conexas, a veces aparentemente alejadas de este pero que, en casos concretos, suponen tal concurrencia. La solución está condicionada por la proclamación del principio non bis in idem y por la concreta interpretación que del mismo ha hecho el Tribunal Constitucional.

En este mismo precepto, y siguiendo reiteradas recomendaciones del Defensor del Pueblo, se confiere a las asociaciones de consumidores legalmente constituidas la condición de interesado en los procedimientos que versen sobre intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.

Asimismo, se generaliza la posibilidad de terminación convencional del procedimiento sancionador prevista en la letra c del artículo 9. El decomiso como sanción accesoria es regulado en el artículo 50, junto con la publicidad de la sanción, introduciéndose modificaciones sustanciales con el fin de subrayar su carácter sancionador y su diferencia con otras medidas administrativas de contenido similar, pero con naturaleza muy diferente, aproximando el régimen de esta sanción al de la pena equivalente establecida en el Código Penal.

El artículo 51 se dedica a dar una solución adecuada a uno de los problemas fundamentales que presenta en la actualidad la regulación sancionadora de la protección de las personas consumidoras y que se centra en la identificación de los responsables de las infracciones; es decir, aquellas personas contra las que debe dirigirse la Administración al instruir los procedimientos sancionadores y que en la normativa vigente no se encontraban reguladas.

A la hora de determinar el régimen sancionador es preciso considerar el supuesto de aquellas infracciones en materia de consumo cuyos efectos se producen en un ámbito superior al de cada comunidad autónoma, resultando preciso, de conformidad con la Jurisprudencia constitucional, determinar el punto de conexión aplicable para determinar la Administración competente para la ejecución del procedimiento sancionador y, asimismo, considerar aquellos supuestos en los que, con carácter excepcional, resulta competente la Administración General del Estado para la aplicación de las infracciones y sanciones previstas en la presente Ley, de conformidad con la competencia atribuida al Estado por el artículo Con esta finalidad se incorpora el artículo 52 bis.

Así, el nuevo artículo 52 bis enfrenta la tarea que corresponde al Estado de fijar puntos de conexión con arreglo a los cuales pueda determinarse la Administración competente para sancionar una determinada infracción.

En primer lugar, se delimita el ordenamiento español aplicable frente a otros Estados y se acoge como criterio el del lugar de comisión de la infracción forum delicti comissi y se utiliza la teoría de la ubicuidad presente para fijar los puntos de conexión, de tal forma que tengan competencia para sancionar una conducta todas aquellas autoridades de consumo en cuyo territorio se haya producido el hecho que pudiera ser objeto de infracción.

Se prevé en estos casos el establecimiento de mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones en el seno de la Comisión Sectorial de Consumo, en orden a conseguir una cooperación que permita unos altos niveles de protección de las personas consumidoras independientemente del territorio donde estén ubicadas.

Se justifica la necesidad de centralizar la tramitación de los expedientes sancionadores por parte de la Administración General del Estado en el caso de infracciones de ámbito supra autonómico, que afectan a miles de consumidores, o con residencia en varios Estados miembros de la Unión Europea, y que presentan incidencia en la economía en su conjunto, al afectar a intereses que exceden de los propios de cada comunidad autónoma, circunstancias que exigen una actuación homogeneizadora estatal con capacidad de integrar intereses contrapuestos.

Se pretende salvaguardar en estos casos la unidad de mercado que emana del artículo de la Constitución y la competencia efectiva en el mismo, así como la garantía de igualdad en el trato de los infractores y la defensa de los consumidores y usuarios afectados. Los Reglamentos europeos deben ser integrados internamente de una manera lo suficientemente clara como para permitir su pleno conocimiento, tanto por los operadores jurídicos como por los propios ciudadanos.

Asimismo, se deben eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho nacional incompatibles con el de la Unión.

Por consiguiente, y en aras del principio de seguridad jurídica, la normativa interna que resulte incompatible con el Derecho de la Unión Europea debe ser eliminada «mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que deban modificarse» Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de , asunto Comisión vs.

España; de 13 de julio de , asunto Comisión vs. Francia; y de 15 de octubre de , asunto Comisión vs. Asimismo, y de forma complementaria con la aplicabilidad directa de los Reglamentos de la Unión, pueden exigirse otras normas internas para hacer plenamente efectiva esta aplicación.

Los cinco apartados incluidos en el artículo 52 ter obedecen a esa necesidad de complementar el derecho de la Unión, designando el órgano que realizará las tareas de Oficina de Enlace, así como las condiciones y facultades de las autoridades competentes que garantizarán el cumplimiento de las normas en materia de protección de las personas consumidoras.

El último apartado prevé la posibilidad de imponer multas coercitivas para garantizar el cumplimiento del mencionado Reglamento. Asimismo, los comportamientos contrarios a las previsiones sobre información en los medios de comunicación para promocionar un producto, reseñas y búsquedas, también se califican de desleales, además de la reventa de entradas de espectáculos empleando medios automatizados para evitar los límites a las compras masivas.

Al respecto debe hacerse hincapié en que el concepto de medios de comunicación abarca una acepción amplia del término que englobaría, por ejemplo, a las redes sociales, cuando actúan como plataformas para la publicidad, el emplazamiento de productos y las opiniones de los consumidores.

En último lugar, se habilita al Gobierno para establecer un registro general de infracciones y sanciones y un procedimiento sancionador, en desarrollo de las modificaciones que se introducen en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Esta norma comunitaria establece un plazo de transposición ya vencido, el día 2 del pasado mes de agosto, existiendo carta de emplazamiento de 11 de octubre de El objetivo de esta Directiva es el de garantizar que los poderes adjudicadores y las entidades contratantes correspondientes tengan en cuenta, en la contratación pública relativa a los vehículos de transporte por carretera incluidos en su ámbito de aplicación, los impactos energético y medioambiental de estos durante su vida útil, a fin de promover y estimular el mercado de vehículos limpios y energéticamente eficientes y mejorar así la contribución del sector del transporte a las políticas en materia de medio ambiente, clima y energía de la Unión Europea.

A tal fin, este real decreto-ley define las contrataciones públicas a las que le será de aplicación, dentro de las realizadas por contrato de suministro destinados a la compra, arrendamiento financiero, alquiler o alquiler con derecho a compra de vehículos de transporte por carretera; de servicio público de transporte de pasajeros por carretera y de determinados servicios transporte por la vía pública, recogida de desperdicios, transporte de paquetes o distribución postal entre otros.

También se explicita el ámbito de aplicación temporalmente, siendo aplicable solo para aquellos contratos respecto de los cuales se haya enviado una convocatoria de licitación después del 2 de agosto de , o, en los casos en que no se haya previsto una convocatoria de licitación, cuando el poder adjudicador o entidad contratante haya iniciado el procedimiento de adjudicación del contrato después de esa fecha.

Asimismo se define qué se entiende por «vehículo de transporte por carretera», por «vehículo limpio» y por «vehículo pesado de emisión cero» a los efectos de la norma de transposición; qué vehículos quedan excluidos de su aplicación y cuáles son los «objetivos mínimos de contratación pública» de vehículos y servicios definidos, expresados como porcentajes mínimos de vehículos limpios respecto del total de vehículos de transporte por carretera comprendidos en la suma de todos los contratos incluidos en el ámbito de aplicación.

Estos porcentajes se fijan en distintos cuadros que figuran en un Anexo que acompaña a este real decreto-ley. Este real decreto-ley incluye, en su parte final, cuatro disposiciones adicionales, que cierran el contenido del libro primero, regulando cuestiones distintas, aunque conectadas con este.

Estas tienen como objetivo incorporar los instrumentos jurídicos que facilitan la transmisión y la movilidad de los derechos asociados a los créditos o préstamos hipotecarios ya existentes en la normativa hipotecaria, como es el caso de las participaciones hipotecarias en la adicional primera, o los certificados de transmisión de hipoteca en la segunda, con el régimen común a ambos instrumentos en la tercera.

Finalmente, la cuarta trata de promover la movilización de créditos garantizados con activos físicos no inmobiliarios y facilitar su uso eventual como instrumentos de cobertura.

Resulta especialmente importante la disposición transitoria primera, que prevé la aplicación del régimen de este decreto-ley a las cédulas y bonos ya emitidos, una vez entre en vigor el Libro primero, de manera que pasen a considerarse y a tener el tratamiento jurídico propio de los bonos garantizados, con las ventajas que el nuevo régimen confiere, respecto al anterior, a sus tenedores en términos de seguridad jurídica, armonización comunitaria y mejora global de las garantías e inmunidades asociadas a los activos de cobertura de los bonos y, en último término, de la protección del inversor.

Las entidades emisoras dispondrán del tiempo que medie entre la publicación y la entrada en vigor para realizar los cambios y adaptaciones necesarias que conduzcan al cumplimiento de las previsiones legales de la ley, incluyendo, en particular, la formación del conjunto de cobertura con el correspondiente registro de activos.

Por su parte, la disposición transitoria segunda viene a regular el procedimiento por el que las entidades de crédito deberán asignar los activos de cobertura a los títulos emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del Libro primero este decreto-ley con el fin de garantizar la neutralidad y la calidad de activos traspasados al conjunto de cobertura.

La disposición transitoria tercera tiene como objetivo evitar el solapamiento de medidas dirigidas a mitigar el riesgo de liquidez, que pueden resultar redundantes con la previsión del colchón de liquidez aplicado a los bonos garantizados.

La disposición transitoria cuarta contempla el régimen transitorio para el ejercicio de los derechos de retransmisión por titulares de derechos que no sean organismos de radiodifusión y para la transmisión de programas mediante inyección directa.

Las disposiciones finales introducen modificaciones en diversos preceptos del ordenamiento jurídico necesarias para una adecuada transposición de la directiva. La primera incorpora de forma explícita la preferencia de los créditos asociados a los bonos garantizados sobre el patrimonio del deudor, tanto respecto a bienes muebles como inmuebles.

La tercera tiene como objetivo establecer la competencia del Banco de España para asegurar la efectividad de los adeudos domiciliados en España, consecuencia de su pertenencia a la denominada zona SEPA, ampliando su facultad sancionadora a personas jurídicas no financieras.

Frente a las reglas comunes del procedimiento concursal, la disposición final cuarta configura, como normativa especial, las disposiciones relativas a la segregación del conjunto de cobertura ante un eventual concurso de la entidad emisora, de manera que se asegure la estabilidad y la no alteración de los derechos de los tenedores de los bonos garantizados en todo momento.

Asimismo, establece el carácter de crédito con privilegio especial de los créditos a favor de los tenedores de bonos garantizados, respecto de los préstamos y créditos, y otros activos que los garanticen, integrados en el conjunto de cobertura hasta donde alcance su valor.

La disposición final sexta asegura la vigencia del conjunto actual de desarrollos de la normativa del mercado hipotecario, que ha ido completándose de forma continua y pormenorizada durante largo tiempo, de manera que continúen siendo funcionales todas aquellas previsiones que resulten compatibles con este real decreto-ley, a la que se considerarán realizadas las referencias que correspondan de las normas en vigor.

La disposición final séptima contempla los títulos competenciales que amparan al Estado para dictar el presente real decreto-ley. Por su parte, la disposición final octava establece qué normas de derecho de la Unión Europea se incorporan al ordenamiento jurídico español.

La disposición final novena asegura el desarrollo posterior de algunas partes del texto cuyo contenido requiera de mayor grado de precisión o adaptación posterior, de tal manera que asegure la funcionalidad de las distintas piezas de la regulación y su adaptación a las necesidades que puedan ir surgiendo en cada momento.

Por último, la disposición final décima señala la entrada en vigor del real decreto-ley. Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, estos se apoyan en el interés general en el que se fundamentan las medidas, siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución.

Se respeta también el principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Asimismo, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jurídico, ajustándose, por ello, al principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al principio de transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el artículo Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.

Por todo ello, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se dicta, concurren en el presente real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas en el artículo 86 de la Constitución Española. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de las Ministras de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Hacienda y Función Pública, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de los Ministros de Cultura y Deporte, y de Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de noviembre de ,.

Este real decreto-ley tiene por objeto regular el régimen de emisión y supervisión de los bonos garantizados, estableciendo sus características, las obligaciones de información y los mecanismos de protección a los inversores. Este real decreto-ley será de aplicación a las emisiones de bonos garantizados realizadas en España por parte de entidades de crédito autorizadas en España, incluido el Instituto de Crédito Oficial, o a las emisiones de bonos garantizados fuera de España por entidades de crédito autorizadas en España cuando dichas emisiones se realicen con sujeción a este real decreto-ley.

Se modifica por la disposición final 1. Los bonos garantizados emitidos en España podrán, en función de la clase de activos primarios que se integren en su conjunto de cobertura, pertenecer a alguna de las siguientes categorías:.

g otros bonos garantizados con la denominación comercial que, en su caso, quiera dar la entidad emisora. Los bonos hipotecarios, territoriales y los bonos de internacionalización, así como los bonos mencionados en la letra g del apartado 1 dispondrán de un conjunto de cobertura cerrado a lo largo de toda la vida del instrumento con las características establecidas en el capítulo 4.

º del título IV. Dentro de cada programa de emisión de bonos, todos los tenedores de los mismos tendrán el mismo nivel de prelación. Las cédulas hipotecarias, las cédulas territoriales y las cédulas de internacionalización dispondrán de un conjunto de cobertura abierto a lo largo de toda la vida del instrumento.

Cada una de estas categorías de cédulas emitidas por un mismo emisor estarán garantizadas por un único conjunto de cobertura formado por una cartera abierta y variable de activos primarios con las características establecidas en los capítulos 1. Todos los tenedores de cédulas, cualquiera que fuese su fecha de emisión, tendrán la misma prelación sobre los préstamos que las garantizan, los activos para la cobertura del colchón de liquidez y, si existen, sobre los activos de sustitución y sobre los flujos económicos generados por los instrumentos financieros derivados de cobertura vinculados a la categoría correspondiente.

Únicamente las entidades contempladas en el artículo 1. Toda emisión de un instrumento de financiación para el que se utilice cualquiera de las denominaciones contenidas en este real decreto-ley habrá de sujetarse a las previsiones de ésta que le resulten aplicables.

Asimismo, solo se podrán utilizar las denominaciones específicas contenidas en este real decreto-ley, para los instrumentos de financiación que cumplan los requisitos de la misma.

La denominación «bono garantizado europeo», así como su traducción a otras lenguas oficiales de la Unión Europea, podrá usarse exclusiva y conjuntamente con la denominación, en su caso, dada por la entidad para designar los bonos garantizados mencionados en la letra g del artículo 3.

La denominación «bono garantizado europeo premium », así como su traducción a otras lenguas oficiales de la Unión Europea, se usará exclusivamente para designar los bonos garantizados que pertenezcan a alguna de las categorías mencionadas en la letras a a f del artículo 3.

Todo «bono garantizado europeo» o «bono garantizado europeo premium » emitido en otro Estado miembro de la Unión Europea por una entidad de crédito española gozará en España de la misma protección jurídica que los bonos garantizados emitidos conforme a este real decreto-ley.

Los programas de bonos garantizados requerirán la autorización administrativa previa prevista en el artículo El derecho de crédito se extenderá a la totalidad de las obligaciones de pago asociadas a los bonos garantizados. Sin perjuicio del derecho de crédito contra la entidad emisora derivado de su responsabilidad patrimonial universal, la totalidad del capital y de los intereses, tanto los devengados como los futuros, de los bonos emitidos estarán especialmente garantizados, sin necesidad de afectación de los activos en garantía mediante escritura pública, ni de inscripción alguna en cualquier registro público ni ninguna otra formalidad por un derecho preferente sobre la totalidad de los activos que integran el correspondiente conjunto de cobertura, incluyendo sus rendimientos presentes y futuros, así como cualquier garantía recibida en conexión con posiciones en contratos de derivados y cualquier derecho de crédito derivado del seguro contra daños previsto en el artículo Los tenedores de los referidos títulos tendrán el carácter de acreedores con preferencia especial que señalan el número 8.

º del artículo 1. º del artículo del Código Civil. Lo previsto en este artículo será de aplicación tanto a los tenedores de bonos garantizados como a las contrapartes de contratos de derivados que cumplan lo dispuesto en el artículo 12, teniendo ambos el mismo nivel como acreedores con privilegio especial.

Todo programa de bonos garantizados deberá contar, en todo momento, con un conjunto de cobertura integrado por activos primarios, activos de sustitución, activos líquidos e instrumentos derivados en la cantidad con las características previstas en este real decreto-ley y cuya exclusiva finalidad sea la de servir de garantía de las obligaciones contraídas por la entidad emisora con los tenedores de dichos instrumentos y las contrapartes de derivados de cobertura.

Las entidades emisoras deberán velar porque el conjunto de cobertura esté integrado por activos en garantía que tengan diferentes características en términos estructurales, de duración y perfil de riesgo.

A estos efectos, las entidades emisoras deben contar con políticas y procedimientos internos que aseguren el cumplimiento de este principio en la composición de la cartera que cumplan, en particular, los siguientes requisitos:. a deben recoger explícitamente reglas y pruebas internas de granularidad y concentración, sobre potenciales desfases de vencimientos, duración y tipos de interés y, en su caso, tipos de cambio;.

c la parte de la información sobre dichas políticas y procedimientos que resulte más relevante para el inversor debe ser incluida en los términos y condiciones contractuales. Los activos que consistan en créditos o préstamos serán incluidos en el conjunto de cobertura y servirán de garantía por el importe total del principal pendiente de amortizar, con independencia del importe con el que contribuyan a la cobertura de acuerdo con el artículo En ningún caso el mismo activo podrá pertenecer a dos conjuntos de cobertura distintos.

Tampoco se permiten inclusiones parciales de los activos en el conjunto de cobertura. Podrán incluirse activos garantizados con inmuebles radicados en terceros Estados no miembros de la Unión Europea.

En este caso, la entidad emisora se asegurará de que los activos:. a cumplen todos los requisitos establecidos en el capítulo 4. º de este título;. b ofrecen un nivel de seguridad similar al de los activos en garantía ubicados en la Unión Europea, y.

c son legalmente susceptibles de enajenación de modo equivalente al de la enajenación de los activos en garantía ubicados en la Unión Europea. Los activos integrados en cada conjunto de cobertura serán objeto de segregación.

Para ello, las entidades emisoras deberán contar con un registro especial actualizado donde se registrarán todos y cada uno de los préstamos y, en su caso, la parte dispuesta de los créditos, los activos de sustitución los activos para la cobertura del requisito de liquidez y los instrumentos derivados que integran cada uno de sus conjuntos de cobertura, así como cualquier garantía recibida en conexión con posiciones en instrumentos derivados y cualquier derecho de crédito derivado del seguro contra daños previsto en el artículo Las entidades emisoras deberán diseñar ese registro especial de tal forma que permita la identificación individualizada de cada activo y verificar que cada uno de ellos cumple con las condiciones de elegibilidad previstas en este real decreto-ley.

La incorporación de dichos activos en el registro especial mencionado en el párrafo anterior no supondrá ningún cambio en la gestión de los mismos por parte de la entidad emisora, que deberá continuar su gestión de acuerdo con las políticas generales establecidas por ella en idénticas condiciones que para los activos no incluidos en un conjunto de cobertura.

A efectos de lo previsto en los artículos y del Código civil y en el número 7. a identificar todos y cada uno de los activos integrados en el conjunto de cobertura en todo momento por parte de la entidad emisora de los bonos garantizados; y. b adscribir todos y cada uno de los activos inscritos a las garantías señaladas en el artículo 6 exclusivamente a favor de los tenedores de los bonos garantizados y contrapartes de derivados.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que todos los activos, y exclusivamente esos, incluidos en el registro especial constituyen la garantía de los bonos garantizados emitidos, sin necesidad de formalidad alguna, bastando la certificación del órgano de control del conjunto de cobertura del contenido del mismo para acreditar en cualquier momento la composición del conjunto de cobertura y, en particular, los activos sobre los que se aplicará lo previsto en el título VII.

El registro especial del conjunto de cobertura incluirá al menos la siguiente información de cada uno de los activos y garantías que lo forman:. c tipo de garantía recibida en relación a los instrumentos financieros derivados, especificando al que se vincula;. e fecha y valor con el que se integra el activo o la garantía recibida en el conjunto de cobertura y, en su caso, valoración actualizada;.

f fecha en que fue concedido el préstamo, y datos necesarios para la identificación del mismo;. h un identificador que permita conocer la situación registral del inmueble que sirve de garantía a cada uno de los préstamos, cuando se trate de un préstamo hipotecario, tasación original y, en su caso, valoración actualizada del inmueble, y, en general, los datos necesarios para la identificación de las garantías de los préstamos;.

i un identificador que permita conocer el tipo de derivado de forma específica e individual. Si el derivado cotizare en algún mercado regulado o fuera objeto de compensación o liquidación con una entidad de contrapartida central o con una o cámara de compensación oficial, se incluirán tanto su número de referencia como su valor de negociación en cada momento.

Si no cotizare en un mercado regulado ni fuera objeto de compensación o liquidación con una entidad de contrapartida central o con una cámara de compensación, se incluirá la información remitida a la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre dicho instrumento que permita la identificación del contrato y de su contenido preciso.

j un identificador que permita individualizar el contrato específico de préstamo a una empresa pública o garantizado por ésta, incluyendo la identificación del prestatario;.

k cualquier otro dato necesario para la adecuada identificación del préstamo o crédito. Los programas de bonos garantizados deberán cumplir en todo momento, como mínimo, los requisitos de cobertura establecidos en este real decreto-ley. Todos los pasivos de los bonos garantizados deberán estar cubiertos por los derechos de crédito vinculados a los activos de cobertura a que se refiere el apartado 4.

a las obligaciones de pago del principal de los bonos garantizados pendientes;. b las obligaciones de pago de cualquier interés sobre los bonos garantizados pendientes;.

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Dado que se acerca la Lotería de Navidad , es un buen momento para abordar las matemáticas detrás de estos titulares. La noticia se basaba en un reciente avance en combinatoria propuesto por David Cushing y David Stewart , matemáticos de la Universidad de Manchester.

Su trabajo, en proceso de revisión por pares y disponible como preprint , involucra unos interesantes objetos combinatorios llamados diseños de lotería, que son colecciones de subconjuntos de los números del 1 al n.

Por ejemplo, si consideramos los números {1, 2, 3}, una colección de tres subconjuntos sería {{1}, {2, 3}, {3}}. Para ser un diseño de lotería, esta colección debe cumplir otras propiedades añadidas. Si se considera una lotería donde se extraen k números ganadores de un total de n números, cada billete corresponde con uno de estos subconjuntos.

Entonces, un diseño de lotería es un conjunto de tickets necesario para tener garantizados al menos t números en común con los números del billete ganador. Naturalmente, un diseño de lotería ideal es aquel que utiliza el menor número posible de billetes. Este número mínimo se denota como L n,k,t.

Por ejemplo, L 56,6,2 es la menor cantidad de boletos que se necesitarían para asegurar al menos dos números coincidentes en una lotería donde se extraen seis números ganadores de Así es cómo funciona la Lotería Nacional del Reino Unido y cómo se gana el menor premio, por lo que L 56,6,2 es precisamente la menor cantidad de boletos necesarios para garantizar algún premio en esta lotería.

El resultado de Cushing y Stewart dice que este número es igual a En general, es extremadamente difícil encontrar los valores exactos de L n,k,t , y en la mayoría de los casos se aproximan, dentro de un rango de posibles valores.

Antes de este trabajo, el mejor límite inferior conocido para L 56,6,2 era 23, lo que significa que hacen falta al menos 23 boletos para garantizar la obtención de un premio. En , John Bate y Gerritt Hendrik Johannes van Rees calcularon los valores exactos de L n,6,2 para todos los n menores o iguales a 54 —por cierto, este resultado dice exactamente cuántos boletos necesitas comprar en la Lotería de Texas para garantizar una victoria, pero al parecer no tuvo eco en los medios—.

Para ello, en primer lugar, demostraron que existe un diseño de lotería de tamaño 27, utilizando técnicas de geometría finita, una rama de la geometría que trata con espacios que contienen un número finito de puntos.

Su construcción utiliza el llamado plano de Fano , un espacio formado por siete puntos y siete líneas —cada una, compuesta por tres puntos—, con las siguientes propiedades: cualquier par de puntos están en una misma línea, y cualquier par de líneas se intersecan exactamente en un punto.

En concreto, combinan tres planos de Fano con otros dos planos finitos. Al asociar un par único de números con cada punto, cada línea se etiqueta con un conjunto único de seis números, y las propiedades especiales de estos planos finitos garantizan que esta colección de conjuntos constituye un diseño de lotería de tamaño En segundo lugar, viene la parte difícil: para mostrar que el tamaño de este diseño es mínimo, demostraron que no existe un diseño de lotería de tamaño 26 o menos.

Para ello, Cushing y Stewart utilizaron un lenguaje de programación llamado Prolog. Para escribir y ejecutar un programa en Prolog, se introduce una lista de reglas con las que trabajar y, después se hacen preguntas basadas en esas reglas.

En principio, se podría especificar la definición de un diseño de lotería y preguntar si existe uno de tamaño Sin embargo, con la velocidad de cómputo actual, esto podría llevar décadas o incluso siglos. Utilizando una astuta combinación de límites superiores, límites inferiores y técnicas combinatorias variadas, Cushing y Stewart redujeron el espacio de búsqueda, guiando al motor de Prolog hacia una respuesta definitiva.

La respuesta a ambas preguntas, desafortunadamente, es no. Jugar estos 27 boletos no ofrece una buena estrategia para ganar dinero jugando a la lotería británica. Hacerlo cuesta 54 libras, y el único premio que garantiza —que alguno de tus números coincida en dos cifras con el premiado— es solo un nuevo boleto seleccionado al azar en el próximo sorteo, lo que no tiene prácticamente ningún valor.

Estas declaraciones rara vez llegan a los titulares. Con respecto a la Lotería de Navidad española , la estructura del sorteo asegura que no puede funcionar ninguna estrategia de este tipo. A diferencia de la de Reino Unido y muchas otras, hay un sorteo aleatorio separado para cada número premiado.

No existe ninguna estrategia para ganar dinero en la Lotería de Navidad. Por lo tanto, concluyo recomendando que, si se juega, se haga de manera responsable. Richard Mandel es investigador posdoctoral en el Max Planck Institute for Software Systems Alemania.

Edición, traducción y coordinación: Ágata A. Timón G Longoria ICMAT. Café y Teoremas es una sección dedicada a las matemáticas y al entorno en el que se crean, coordinado por el Instituto de Ciencias Matemáticas ICMAT , en la que los investigadores y miembros del centro describen los últimos avances de esta disciplina, comparten puntos de encuentro entre las matemáticas y otras expresiones sociales y culturales y recuerdan a quienes marcaron su desarrollo y supieron transformar café en teoremas.

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Richard Mandel. Copiar enlace. Richard Mandel es investigador posdoctoral en el Max Planck Institute for Software Systems Alemania Edición, traducción y coordinación: Ágata A. Tu comentario se publicará con nombre y apellido. Suscríbete en El País para participar Ya tengo una suscripción.

Su cerebro le está tendiendo una trampa BuenaVida. Soy matemático, y esta es la razón por la que no juego a la lotería Florin Diacu. Ciencia Matemáticas Lotería ChatGPT Estadísticas Premios Reino Unido Sorteos deportivos Lotería nacional Lotería Rápida Científicos Ciencias exactas.

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Author: Mazugul

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